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CONTRATACIÓN SECTOR PÚBLICO
Hoy en día es necesario cubrir las necesidades en derecho procesal para la resolución de cuestiones litigiosas que pudieran surgir en los contratos administrativos.
Vallejo Consultores cuenta con profesionales que defenderán sus intereses.
Vallejo Consultores cuenta con profesionales especialistas en derecho procesal para defender los intereses y derechos de los clientes cuando no les queda más remedio que acudir a la vía judicial contencioso-administrativa, al ser ésta la jurisdicción competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos de los recursos interpuestos contra las resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.
Así como de la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas y de los contratos sujetos a regulación armonizada, así como los contratos de servicios incluidos en la Ley cuyo valor estimado sea igual o superior a 207.000 euros que pretendan concertar entes, organismos o entidades que sin ser Administración Pública, tengan la condición de poder adjudicador.
Defensa del cliente ante la jurisdicción contencioso-administrativa en la instancia, y si es posible mediante recurso de casación ante el Tribunal Supremo en la configuración del recurso establecido por la LO 7/2015:
Controversias litigiosas relativas a la preparación, adjudicación (impugnación de anuncios, pliegos, exclusiones y adjudicación de los contratos), efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.
Litigios planteados contra la Administración por restablecimiento del equilibrio económico- financiero del contrato.
Defensa frente a resolución desfavorable de los recursos interpuestos contra las resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.
Controversias judiciales relativas a la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas.
Defensa judicial del cliente por imposición de penalidades y/o incautación de la garantía.
